Montevideo, jueves 7 de abril de 2022. Las Naciones Unidas en Uruguay desean expresar su apoyo al trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) como mecanismo institucional destinado a defender, promover y proteger en toda su extensión los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el Derecho Internacional. Asimismo, manifiestan su reconocimiento al Estado uruguayo por haber creado y sostenido una institución independiente que cumple un papel tan relevante en la protección de los derechos humanos. Las Naciones Unidas en Uruguay son conscientes del papel que cumplen las instituciones nacionales de derechos humanos en la promoción y el seguimiento de la aplicación efectiva a nivel de los países de las normas internacionales de derechos humanos. Con base en los principios de autonomía e independencia, y destinadas al cumplimiento de amplios mandatos (Principios de Paris*), estas instituciones contribuyen en forma decisiva a consolidar los sistemas democráticos, sus valores, reglas y prácticas, así como a fortalecer a las instituciones del Estado. Al mantener su independencia con relación a la acción de los gobiernos y los Poderes del Estado, y al ser autónomas, estas instituciones pueden cumplir su misión en forma efectiva, contribuyendo de ese modo a los esfuerzos de las instituciones gubernamentales para proteger las libertades fundamentales de las y los habitantes, y para crear una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos en la sociedad. La INDDHH fue creada en 2008 como un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo. Su creación contó con el respaldo, entre otros actores, de las diversas entidades de las Naciones Unidas presentes en Uruguay. Estas brindaron cooperación técnica y conocimientos, y facilitaron la llegada al país de buenas prácticas de otros países de la región y de otras regiones, a fin de que las y los legisladores pudiesen disponer de un amplio y diverso abanico de experiencias para informar el diseño de la institución que Uruguay consideraba pertinente crear. Asimismo, una vez instalada la INDDHH, las Naciones Unidas en Uruguay continuaron brindando cooperación a la institución para apoyar el cumplimiento efectivo de las diversas funciones que le han sido encomendadas por ley.   Por último, las Naciones Unidas en Uruguay desean expresar su profundo reconocimiento a la cultura de respeto de los derechos humanos en Uruguay, tanto a nivel nacional como internacional, y reafirman su intención de seguir apoyando este compromiso.       Equipo de País de las Naciones Unidas en Uruguay   * Principios de París de las Instituciones de DDHH: https://www.rindhca.org/somos/principios-de-paris.

La guia tiene como objetivo ofrecer pautas para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres en Uruguay y mejorar la protección de las víctimas El lanzamiento de la Guía para la investigación y litigación de femicidios, que fue realizado en modalidad virtual, contó con la participación del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación Dr. Juan Gómez, la directora del Departamento de Cooperación Internacional Gabriela Aguirre, la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos y directora Unidad de Género Mariela Solari, la coordinadora de Programas de ONU Mujeres en Uruguay Magdalena Furtado y experta argentina Dra. Leticia Lorenzo. La moderación estuvo a cargo de Graciela Dede, Asesora de DDHH de ONU Uruguay y es posible acceder al evento a través del siguiente enlace. La coordinadora de programas de ONU Mujeres, Magdalena Furtado, ilustró la gravedad de la problemática de la violencia de género recordando que cada año en Uruguay se interponen alrededor de 40,000 denuncias de violencia de género y evidenciando que el femicidio es “la punta del iceberg”. Y es por ello que la Ley N° 19.538 reconoce, desde 2017 en Uruguay, el femicidio como un agravante muy especial al homicidio. De hecho, desde la puesta en vigor del actual Código del Proceso Penal, las víctimas de los delitos basado en género adquieren un repertorio de derechos que impulsan a la Fiscalía a priorizar y estandarizar su investigación y litigación, así como la atención y protección de las víctimas y testigos. Lejos de ser una excepción, esta concepción de la violencia de género es la norma en las legislaciones internacionales, ya que se comprende que los ataques hacia las mujeres responden a un hecho social sistemático que debe ser prevenido y perseguido por los Estados. Por este motivo, para Furtado era necesario disponer de un texto como este que “ofrece pautas prácticas y ágiles para investigar y litigar casos de muertes violentas de mujeres con esa perspectiva necesaria de género”. Esta guía, que se dirige a los equipos fiscales del país, se enmarca en la política de género de la Fiscalía General y atiende a las recomendaciones de las Reglas de Brasilia y Guías de Santiago. Las directrices que reúne pretenden sincronizar el contexto jurídico uruguayo al “Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio)” elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU Mujeres. El Fiscal Juan Gómez resaltaba su importancia declarando que “la Fiscalía General está hoy dando un paso muy decidido a cooperar definitivamente con perspectiva de género y futuro". El objetivo del texto convertirse en una herramienta de referencia para el tratamiento jurídico de casos de muerte violenta de una o varias mujeres o de muertes de dudosa criminalidad, como suicidios o desapariciones. En palabras del Fiscal, la guía aspira a "lograr una litigación estratégica que dé resultados y que nos permita con orgullo señalar que en los últimos años ningún femicidio quedó impune en nuestro país. Ese es un desafío que asumimos con determinación" Y es que para la Fiscalía General es un imperativo ético y de Derechos Humanos el contar con instrumentos rigurosos y actualizados a la normativa internacional y nacional, que hagan efectivo el acceso a la justicia y eliminen las brechas de impunidad. Del mismo modo, estos instrumentos deben considerar las mejores prácticas que brinden respuestas protectoras a las sobrevivientes y garanticen el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello, sin ser un protocolo estricto, el documento aporta recursos teóricos útiles para los y las fiscales de Uruguay: la actualización y determinación de los conceptos más relevantes; una visión global del marco normativo que afecta a estos casos y una identificación de los derechos de las víctimas. En este sentido, las aportaciones de la jueza y doctora argentina Leticia Lorenzo fueron de especial relevancia: "social y jurídicamente todavía nos cuesta mucho trabajo asumir que tenemos que darle importancia real en estos hechos, en avanzar con las investigaciones y seguir estas orientaciones". También recomendó emplear la guía como una herramienta para “revisarnos a nosotres mismes”. Además, el texto cuenta con un manual de buenas prácticas adaptado al contexto de cada etapa procesal y que brinda respuestas protectoras a las sobrevivientes y garantiza el ejercicio pleno de sus derechos: "lo que la perspectiva de género nos ha traído al proceso judicial y a la construcción de teorías de casos es la obligación de dejar de especular" declaró sobre este punto la Dra. Lorenzo, que además añadió que "la guía lo que viene a hacer en este caso es a darnos un camino muy claro de cómo trabajar con las víctimas, cómo buscar la evidencia, cómo preservar la evidencia, cómo presentar la evidencia y cómo conformar una teoría del caso" El trabajo final es resultado de la iniciativa de la Unidad Especializada en Género y el Departamento de Cooperación Internacional (DCI), que trabajó junto al Área Sistema Penal Acusatorio (SPA) y la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT). Además, recibió apoyo de la Unidad de Litigación Estratégica (ULE); del programa de la Unión Europea EUROsociAL+; de la experta en género y Derechos Humanos Françoise Roth; de la especialista en Derechos Humanos Stefanía Rainaldi; de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de Argentina; de ONU Mujeres; de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la iniciativa global Spotlight. Con todo ello, tras más de dos años de labor interdisciplinaria, este año 2022 la Fiscalía contará con un primer documento que le permita unificar criterios y estar adaptada a los estándares jurídicos internacionales en relación con un delito de un carácter extremadamente cruel, relevante y social. Se puede acceder a la guía a través de este enlace. "En materia de investigaciones de hechos que se vinculan con violencia de género yo creo que tenemos que asumir es este tiempo en el que nos toca vivir la obligación de trabajar contra nuestra intuición. Nuestra intuición probablemente nos lleve a sacar conclusiones estereotipadas porque tenemos que considerar que hemos crecido en una sociedad fuertemente machista y fuertemente desigualitaria" – Dra. Leticia Lorenzo  

El sistema de Naciones Unidas en Uruguay quiere reconocer y felicitar la propuesta del Ministerio de Defensa de eliminar la condición de vivir con VIH como impedimento para ingresar o para desarrollar plenamente el ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas del país. De esta manera, el Ministerio de Defensa se alinea plenamente con el cumplimiento de la “Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo”, adoptada durante la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio de 2010. Reconocemos la contribución de la CONASIDA en su abogacía permanente por los derechos de las personas con VIH y la eliminación de cualquier impedimento basado en el estado serológico.  Montevideo, 1 de diciembre de 2021, Día mundial del Sida

Uruguay, 15 de septiembre de 2021.  A partir de esta fecha, Día Internacional de la Democracia, el Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo se comprometen a asegurar la participación de mujeres en los paneles organizados en el país por dichas instituciones. El objetivo es lograr en forma gradual la paridad en la composición de los paneles. Los aquí firmantes promoverán la adhesión a este compromiso entre las instituciones del sector público, las organizaciones del sector privado y la sociedad civil del país. A continuación las instituciones que también se adhirieron a este compromiso: