La pandemia de COVID-19 se ha cobrado ya dos millones de vidas en el mundo y ha empujado una crisis socioeconómica imprevista. Para la región de América Latina y el Caribe esta ha profundizado seriamente las desigualdades ya existentes. Así es que las políticas públicas en la recuperación deben ser solidarias, coordinadas y con un enfoque de derechos humanos.
El Fondo Fiduciario de Respuesta y Recuperación COVID-19 fue establecido por el Secretario General como respuesta de las Naciones Unidas a esta crisis, apoyando a los países a hacer frente y recuperarse de los impactos económicos y sociales de la pandemia. Complementa y genera sinergias con el Fondo de la Agenda 2030 del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas para acelerar los esfuerzos hacia los ODS. Aprovechando estratégicamente ambos Fondos, los equipos de las Naciones Unidas en los países están ayudando a los gobiernos a contener los efectos de la pandemia, al tiempo que anclan fuertemente la respuesta en los objetivos a más largo plazo de la Agenda 2030.
Es desde esta perspectiva que, en octubre 2020, fue aprobado para Uruguay el proyecto “Fortalecimiento de la respuesta socioeconómica con una perspectiva generacional y de género a partir de la promoción y análisis de políticas basados en evidencia.”, que tiene como objetivo brindar apoyo al gobierno de Uruguay en la implementación de medidas de respuesta a la crisis socioeconómica provocada por la pandemia del COVID-19 con una inversión de 850.000 dólares. Bajo el co-liderazgo de ONU Mujeres y UNFPA, en alianza interagencial con PNUD y Unicef, la implementación tiene como contrapartes en el gobierno a MIDES, INE, INMujeres y ANEP, con la articulación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. La Ec. Soledad Salvador será la coordinadora del trabajo que se extenderá hasta marzo 2022.
"Es un error pensar que con la vacuna llega el fin de la pandemia. Las secuelas y consecuencias del COVID seguirán presentes por mucho tiempo, por eso tenemos que estar atentos a estas desigualdades y vulnerabilidades y abordarlas desde varios puntos de vista", dijo la Coordinadora Residente de Naciones Unidas Uruguay, Mireia Villar.
El proyecto en Uruguay colabora en el establecimiento de un marco de protección social en el contexto de recuperación socio económica de la crisis generada por la pandemia del COVID19, que permita avanzar en la cobertura de la población con mayor vulnerabilidad, considerando particularmente la situación de las mujeres jefas de hogar y aquellas que trabajan en el sector informal. Para ello se está avanzando con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en la georreferenciación estadística de las distintas fuentes de datos, y con la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD) del MIDES en la evaluación de los hogares perceptores de transferencias (en particular, la Tarjeta Uruguay Social).
A su vez, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) estará trabajando en la elaboración de indicadores de empoderamiento económico para alimentar las bases de datos que se utilizan para brindar prestaciones sociales y promover el empleo y el emprendedurismo.
"Este fondo es fundamental para Uruguay donde la pandemia endureció las condiciones de los más vulnerables, en especial de las jefas de hogar. Es por eso que intentamos generar un piso básico de protección con estos proyectos”, dijo Villar.
El proyecto es un Marcador de Género 3, lo que significa que debe promover la igualdad de género en todas sus acciones. En ese sentido, el INMUJERES también tendrá un rol relevante en la implementación de programas de empleabilidad y capacitación para mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica. Se desarrollará una experiencia piloto en Tacuarembó y Canelones, con la idea de replicarlo en otros lugares. Junto al INE, se desarrollará una nueva Encuesta de Uso del Tiempo en el segundo semestre del 2021.
“Este proyecto es un claro ejemplo del rol de la cooperación internacional que AUCI quiere promover en nuestro país: alineada y complementaria a las prioridades del gobierno y las políticas públicas, con un enfoque integrado que involucra al sector público y privado”, sostuvo Mariano Berro, Director Ejecutivo de AUCI
Por su parte, se apoyará a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en la implementación de los Centros María Espínola que buscan estimular la continuidad educativa de adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad social. Recientemente se difundió una campaña para apoyar la vuelta a clases llamada “Cada día cuenta”.
En el marco del programa Uruguay Crece Contigo (UCC) se desarrollará una aplicación web para mantener un vínculo con las familias de niños y niñas menores de tres años, y acercarles información sobre prácticas de crianza positivas, nutrición y disponibilidad de servicios de cuidados a nivel local.
También, a través del trabajo en el territorio, a nivel departamental, se buscará evaluar y analizar las canastas de prestaciones y políticas para la resiliencia, identificando las brechas en la implementación de los programas de protección social. Con ello se buscará promover las capacidades institucionales de coordinación multinivel de las políticas sociales.
Todas estas actividades se realizarán alineadas a las prioridades establecidas por el gobierno uruguayo en el contexto del Marco Estratégico de Cooperación con el Sistema de Naciones Unidas, impulsado por la ONU y AUCI a lo largo del 2020. En particular, se vinculan directamente con las prioridades estratégicas del gobierno de contar con “políticas públicas que aseguran educación, protección social y salud de calidad a todas las personas” y a “una sociedad que promueve el desarrollo y los derechos de las personas y no deja a nadie atrás”
El proyecto contribuirá a avanzar en los ODS 1, 4, 5 , 8 y 10.