El trabajo por un Uruguay más inclusivo e igualitario

¿Cómo plantear objetivos de agua limpia y saneamiento o cómo enfocar esfuerzos para el crecimiento económico y el trabajo decente sin tener en cuenta la igualdad y la no discriminación? Un cambio así no tendría sentido. Por eso la igualdad y la no discriminación están en el corazón de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por ello están también en el corazón de las acciones que en el 2020 desplegó Naciones Unidas en Uruguay a través de sus diferentes agencias en un año muy particular.

De hecho, en 2020 ONU Uruguay trabajó en 120 proyectos directamente vinculados a alguno de los 17 ODS. 

Con la llegada de la pandemia por COVID-19 a Uruguay algunas de las agencias de Naciones Unidas tuvieron que, por primera vez en mucho tiempo, reactivar su apoyo a poblaciones vulnerables. Fieles al principio de “no dejar a nadie atrás”, combinaron el asesoramiento para tomar decisiones de política pública al más alto nivel con apoyos y provisión de servicios tan básicos como kits de limpieza para migrantes y refugiados. Sobre los principales apoyos de Naciones Unidas en Uruguay directamente destinados a combatir el COVID-19 (haga click aquí) (–va link al texto Covid--).

La pandemia afectó a todos en alguna medida, pero es en las poblaciones más vulnerables, (aquellas con empleos zafrales, los niños en situación de pobreza o las mujeres que viven situaciones de violencia, entre otras) donde el impacto fue más profundo. Los primeros casos de COVID-19 llegaron a Uruguay en marzo  de 2020 y se inició una cuarentena voluntaria con gran acatamiento. Sin embargo, la restricción de la movilidad y la actividad económica tuvo un impacto en la economía y se vio reflejado en el aumento de la pobreza.

El gobierno respondió ante la crisis sanitaria y social con una diversidad de medidas. Profundizó un ya robusto sistema de protección social, aumentó la protección laboral con seguros de paro más flexibles y extendidos, apoyó a empresas y nuevos albergues para personas vulnerables, entre otras medidas. En suma, el paquete de acciones ante la pandemia representaron para Uruguay recursos por el 2,3% del PBI (US$ 1.217 millones).

Solo en 2020 Naciones Unidas logró movilizar US$ 36,6 millones en Uruguay, según consta en el Informe Anual de resultados de ONU en Uruguay (click al informe) .

¿Cuánto de esta cifra corresponde a fondos no reembolsables? Entre los recursos regulares o propios de las agencias y los otros recursos (fondos globales, fondos verticales y contribuciones del sector privado), Naciones Unidas logró movilizar U$S 13 millones de fondos no reembolsables.

¿Para qué se destinó este dinero? ¿Cuánto pesó el apoyo a los más vulnerables en los números? El 43% fue volcado hacia metas de un desarrollo social más inclusivo en salud, educación y políticas sociales con un fuerte componente en incidir en las desigualdades.

Desde Naciones Unidas esto implica apoyos a políticas para superar las vulnerabilidades y promover la inclusión de los más desfavorecidos. Implica trabajar en la promoción del derecho a la igualdad y no discriminación de personas con discapacidad, brindar soporte para investigar y conocer más sobre la sexualidad de los adolescentes con discapacidad y sus familias y asistencia de población carcelaria o refugiados, entre otras acciones. Por ejemplo, en 2020 comenzó la implementación de un proyecto de capacitación a operadores penitenciarios y trabajo con personas privadas de libertad que incluye talleres de mediación en la resolución de conflictos, la capacitación educativo-laboral y la instalación de tres invernáculos en centros carcelarios (ACNUDH).

Además, el 39% del dinero fue para el desarrollo democrático que incluyó la protección de las poblaciones más vulnerables y los temas de género. El restante 18% fue para el desarrollo sostenible con innovación.

Este es el reflejo financiero de los ajustes que las agencias tuvieron que realizar para poder cumplir con su mandato de no dejar a nadie atrás y con prioridad en la respuesta sanitaria.

Mujeres y brechas de acceso al mercado laboral

¿Qué se sabe hoy sobre Uruguay que antes de 2020 no se conocía? La intuición indicaba, por ejemplo, que el acceso de las mujeres al mercado de trabajo presentaba inequidades poco visibles. El año terminó con datos que lo confirman. Existe una “penalidad por la maternidad” en el mercado laboral al comparar las trayectorias de ingresos de mujeres con hijos con aquellas que no los tienen y que al primer año de tener su primer hijo, las mujeres experimentan una reducción de su salario mensual del 19% que al cabo de diez años llega al 42%. De hecho el informe Brechas de género en los ingresos laborales en Uruguay (ONU MUJERES/CEPAL) http://unwo.men/XIDK50AA3XN pasa a números por primera vez este tema en Uruguay, algo que generó incluso una discusión parlamentaria.

El tema preocupa en un país en la que cada vez más mujeres jóvenes postergan la maternidad por considerarla un obstáculo a su desarrollo profesional económico. Además, desde Naciones Unidas se buscó mostrar el aporte económico mayor de las mujeres al trabajo no remunerado que en total es superior al de sectores relevantes de la economía uruguaya como la industria manufacturera, el comercio o restaurantes https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/09/el-aporte-economico-de-las-mujeres-uruguay#view con el fin de que los datos sirvan de insumo para inspirar cambios en momentos complejos, de contracción económica y problemas de empleo por la crisis generada por la COVID-19 y también tras un 2020 en el que las madres han sentido una mayor sobrecarga que los padres.

Un Estado que genera y gestiona información y datos, planifica estratégicamente su trabajo, monitorea y evalúa políticas es el que Naciones Unidas ha contribuido en 2020 a fortalecer. Estas acciones han concentrado la mayor parte del trabajo de las agencias en aspectos tan variados como el apoyo en la creación del nuevo Ministerio de Ambiente, al Instituto Nacional de Estadísticas para mejorar sus procesos y metodologías y generación de datos en temas tan sensibles como la pobreza (UNFPA, OIT, PNUD), hasta la capacitación de jueces y fiscales en temas de género (ACNUDH)  

Infancia y violencia

Uruguay está atravesando uno de sus mayores casos judiciales en la historia sobre explotación de niñas adolescentes. Por eso Naciones Unidas decidió relanzar la campaña “No hay excusas” (originalmente surgió en 2013) que apunta a revelar, desnaturalizar y condenar el fenómeno de la explotación sexual en niños y adolescentes. Esta campaña fue vista más de 15 millones de veces con un acumulado de 63.000 interacciones en redes sociales.

Otras acciones vinculadas a infancia a cargo de UNICEF incluyen el apoyo a la campaña de gobierno “Trato bien” para aumentar la concientización sobre el impacto negativo del abuso infantil recibió el apoyo de Naciones Unidas. Esta fue compartida por las plataformas de Plan Ceibal a la que se le sumaron conferencias para docentes y equipos del Sistema educativo para brindarles herramientas sobre cómo abordar situaciones de violencia. También hubo sesiones de entrenamiento (con más de 4800 participantes) para jueces y abogados sobre violencia sexual.

Salud sexual y derechos

Uruguay ha logrado consolidar equipos y redes de profesionales de la salud para abordar temas de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos y con foco en las poblaciones vulneradas (incluyendo población LGBT). Naciones Unidas analizó y realizó recomendaciones para las políticas existentes, colaboró para que se forme una Red nacional de profesionales e investigadores en adolescencia y salud sexual y reproductiva en el ámbito de la Universidad de la Republica, y brindó en 2020 apoyo para la formación de profesionales a través de esta institución académica y otras organizaciones como el Colectivo Ovejas Negras e Iniciativas Sanitarias. Esta última organizó un ciclo con jóvenes para hablar de temas como “#sexualidad sin fakes” (UNFPA).

Racismo y discriminación, violencia basada en género, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sobre estos temas fue posible recaban la información de adolescentes y jóvenes de cinco de los 19 departamentos de Uruguay en encuentros virtuales llamados “Zoom a tu voz” (UNFPA).

Por otra parte, hacer visibles los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes con discapacidad ha sido una línea de trabajo en 2020. Naciones Unidas apoyó la implementación del Estudio sobre “Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes con discapacidad en la perspectiva de sus familias" realizado a través de una encuesta online a 100 familias, identificando obstáculos y facilitadores así como insumos para posibles dispositivos de apoyo a las familias (UNFPA) (https://www.facebook.com/iiDienred/posts/4841286259274765 )

Personas con discapacidad, migrantes y el trabajo

Hay barreras para que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral en Uruguay, concluyó el estudio realizado en 2020 sobre “inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral de Uruguay” (OIT). No es el único grupo que presenta dificultades, de hecho una línea de trabajo es con población migrante en busca de que existan mejores condiciones para su inserción laboral al que se le suma un proyecto específicamente por COVID-19 (ACNUR, OIM, OIT, ONUDI, PNUD) mientras se trabaja en impulsar avances en políticas de cuidado para esta población (OIT, ONU MUJERES, PNUD).

Migrar por necesidad, en busca de un mejor futuro y en situaciones límite, expone a quienes emprenden este camino a una serie de riesgos. Naciones Unidas en Uruguay brindó información a 1282 personas para el proceso de determinación de condición de refugiado en 2020. Se apoyó luego de una evaluación psicosocial a 229 familias vulnerables (605 personas). Además, para colaborar en su inserción laboral Naciones Unidas facilitó el acceso al mercado a 777 personas en Montevideo con asesoramiento para la búsqueda de trabajo, entre otras acciones (ACNUR).

Se han hecho esfuerzos para alentar al gobierno a establecer un programa de reasentamiento o de retorno humanitario voluntario en el país para migrantes. En cuanto a la documentación, se otorga asistencia para apoyar el proceso de residencia al Ministerio de Relaciones Exteriores y fortalecer la gestión de la Junta Nacional de Migración. Además, Naciones Unidas contribuyó en 2020 para que se forme el Observatorio de Movilidad Infancia y Familia de UNICEF y la Universidad de la República (UNICEF, OIM).

El futuro postpandemia

Resulta evidente que la crisis generada por la COVID-19 dejará secuelas que el Estado, el sector privado, las organizaciones sociales y la sociedad toda deberán enfrentar en los próximos años y que afectarán en particular a los grupos de población más vulnerables: niños y jóvenes, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, población afrodescendiente, nuevos migrantes, entre otros.

También se espera el impacto de una caída del nivel de ingreso de los hogares, en particular en los estratos más bajos y desigualdad en la distribución del ingreso mientras el aumento de la pobreza ya es un hecho. En lo educativo, en contextos vulnerables, la lucha contra el abandono educativo definitivo ya es aún más desafiante que antes. Se suman otras consecuencias, como el aumento de la violencia intrafamiliar ocasionada por el confinamiento. De hecho en América Latina y el Caribe se habla nuevamente de una década perdida.

A corto plazo, los gobiernos deben expandir el gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria y mitigar los impactos socioeconómicos, sobre todo entre los más vulnerables; A mediano y largo plazo, deben impulsar la promoción del empleo y la reactivación económica, para lo cual la inversión en capital y los desembolsos destinados a la transformación productiva y la ecologización de la economía son fundamentales.

Si previo a la pandemia ya sabíamos que las profundas transformaciones que los países tienen que poner en marcha para lograr los ODS iban a requerir un salto cualitativo en acceso a financiación, tecnología y nuevas alianzas, la recesión económica mundial provocada por la pandemia hace esta tarea mucho más difícil.

La tarea por delante es ardua y la recuperación llevará tiempo. En 2021 Naciones Unidas comienza un nuevo Marco de Cooperación con el gobierno uruguayo hasta 2025 en el que “no dejar a nadie atrás” es una de las cuatro áreas de prioridad estratégica del acuerdo entre ONU y Uruguay.

Esta preocupación de atender a los mas vulnerables se traduce en un proyecto a 5 años que con ambiciosas metas de reducir las constantes brechas de género, acabar con la discriminación y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de aquellos que hoy son mas relegados. . Si se toman en cuenta los últimos cinco años del Marco de Cooperación que está finalizando (2016-2020) movilizó fondos en Uruguay por US$ 235 millones y el desafío está puesto ahora en el próximo periodo que será de recuperación de los efectos de la pandemia. Se espera que para los siguientes cinco años la cifra sea igual o mayor.